La polémica de los cacahuetes de la Expo: el cambio normativo que facilitaría la construcción de viviendas

Zaragoza, 24 de Noviembre de 2021

El futuro de los cacahuetes de la Expo de Zaragoza ha generado tal guerra política y dialéctica entre el ayuntamiento y el Gobierno de Aragón (y viceversa) que ha desviado la atención sobre la idoneidad de convertirlos en viviendas de alquiler para jóvenes.

Desde el equipo de Gobierno municipal que dirige Jorge Azcón han defendido desde el primer momento que el proyecto que anunció Javier Lambán es «ilegal» e «inviable» porque el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) no incluye el uso residencial en la zona de la Expo. Así lo dicen los informes jurídicos, en los que, según el alcalde, se concluye que a día de hoy no se pueden construir viviendas. Desde el Gobierno de Aragón, en cambio, aseguran que el proyecto es perfectamente viable. Este es el relato de lo sucedido hasta ahora:

Dudas «jurídicas»

Según Azcón, existen dudas «jurídico-urbanísticas» sobre el proyecto. Y también «desde el punto de vista del derecho a la propiedad». Se refiere a que los propietarios de los suelos de la Expo. Cuando vendieron los terrenos, firmaron un contrato con una carga de derecho de retracto, es decir, que en el caso de que se cambiara a residencial el uso de esos suelos, podrían reclamar sus parcelas (o más dinero). El plazo para hacerlo sería de cuatro años desde que el PGOU o «cualquier otra norma futura» permitiera destinar los terrenos a construir vivienda.

El PGOU ya cambió

Debido a ese derecho de retracto de los propietarios originales de los suelos, el alcalde alerta de las «consecuencias económicas» que se generarían en el caso de que la DGA siga adelante con su proyecto. Pero según fuentes consultadas por este periódico, el actual PGOU, en la modificación aislada número 100 del 29 de noviembre de 2013 que afecta a esta zona de la ciudad, califica los suelos como zona A 2, grado 4. Según el mismo plan, en su artículo 4.2.6 (bis), establece que entre las condiciones de uso del grado 4 se incluye la opción de «residencia comunitaria y hotelero». Es decir, que la DGA podría impulsar una residencia para jóvenes o un inmueble con usos compartidos como el que se está construyendo en Las Fuentes. La fórmula solo la saben en el edificio Pignatelli.

Según estas fuentes, estos matices permitirían al Ejecutivo aragonés seguir adelante con su proyecto y podrían hacerlo sin tener que hacer frente a posibles reclamaciones ya que esta calificación, la de zona A 2, grado 4, se habría aceptado en la modificación del PGOU del 29 de noviembre de 2013, que fue aprobada en el pleno municipal, con Juan Alberto Belloch al frente de la alcaldía. Es decir, que el periodo para reclamar habría finalizado en 2017. Es más, si se cambiara el plan general para incluir el uso residencial, no se reactivaría el derecho de retracto.

Reticencias

Sin embargo, desde el Gobierno de PP-Cs insisten en que es necesaria una modificación del PGOU para permitir construir vivienda en un suelo que ahora está destinado para «uso terciario y lucrativo» (oficinal, principalmente). Y desde el Ejecutivo aragonés aseguran que podrían impulsar el proyecto sin contar con el apoyo o el aval del consistorio declarando el proyecto como Plan de Interés General de Aragón (PIGA). De esta manera, no tendría que recurrir a que el ayuntamiento accediera a modificar, como dicen que es necesario, el PGOU.

El fondo de la cuestión

Pero detrás de la polémica podrían estar los famosos fondos europeos. Para Azcón, el proyecto de Lambán «no beneficia a la ciudad». El Ejecutivo aragonés quiere construir 500 viviendas para destinarlas al alquiler social en los llamados cacahuetes de la Expo. Prácticamente el mismo número de pisos que incluye el plan municipal (519). Mientras el Gobierno de Aragón quiere concentrarlas en la zona de la Expo con la idea de regenerar esta zona, el ayuntamiento las reparte por los barrios de la ciudad consolidada.

Ambos quieren financiar la ampliación del parque público de la misma forma: con los fondos europeos. Y es aquí donde está la clave y el por qué de la polémica. Porque Zaragoza podría disfrutar de unos 17 millones de los 33 que llegarán a Aragón en materia de rehabilitación de vivienda y tanto la DGA como el ayuntamiento quieren ser quienes los gestionen y, no solo eso, quieren ser los que se lleven el mérito de haber dotado a la capital de 500 viviendas públicas más.

La polémica está servida y todo esto está ocurriendo a solo cinco días de que se celebre la reunión bilateral entre el Gobierno de Aragón y el Ayuntamiento de Zaragoza. Los principales acuerdos ya están cerrados, pero habrá que ver si este choque entre administraciones tensa el encuentro entre Lambán y Azcón.

Fuente: El Periódico de Aragón