El Gobierno de Aragón ya tiene vía libre para licitar 278 de los 504 pisos de la Expo antes de elecciones
Zaragoza 17 de Mayo de 2023
El Gobierno de Aragón ya tiene vía libre para sacar a concurso las obras de reconversión de los cuatro pabellones pendientes de la Expo en pisos de alquiler asequible para jóvenes. El compromiso del presidente aragonés y candidato autonómico del PSOE, Javier Lambán, es licitar dos de los edificios antes de las elecciones, que suman 278 de las 504 viviendas previstas, y ahora cuenta con el visto bueno de la Comisión Provincial de Urbanismo de Zaragoza.
Este órgano zanjó la discusión hace menos de un mes al ratificar, como siempre ha sostenido la DGA, que los 500 pisos para jóvenes con servicios comunes son realmente una residencia comunitaria, lo cual supone un uso compatible y complementario con la actual calificación del suelo de la Expo. Por tanto, acuerda la “conformidad” de la operación con el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de Zaragoza y, por tanto, “sin que sea necesario ordenar al Ayuntamiento de Zaragoza la alteración de su Plan General por ser conforme el proyecto con el mismo”.
Ni siquiera el Ayuntamiento de Zaragoza, liderado por el popular Jorge Azcón que le disputa ahora la Presidencia a Lambán y que siempre ha sido muy crítico con los pisos de la Expo, pone en duda que se trate de un equipamiento social, como destaca en su resolución la Comisión Provincial de Urbanismo. “La administración municipal no ha formulado disconformidad alguna”, resalta al final del acuerdo, adoptado el pasado 21 de abril y publicado el pasado sábado en el Boletín Oficial de la Provincia.
La construcción de los pisos fue declarada como inversión de interés autonómico por el Consejo de Gobierno a mediados de febrero y un mes después, la promotora de los pisos, la presidenta de Expo Zaragoza Empresarial y consejera de Economía, Marta Gastón, remitió al Ayuntamiento la orden por la que aplicaba el artículo 240 de la Ley Urbanística, que le permite sortear los permisos municipales y ejecutar la obra de forma unilateral. En el caso de haber sido necesario, podría haber impuesto la modificación del PGOU.
Para ello, adujo razones de excepcional interés público que exige la normativa urbanística aragonesa para saltarse a un Ayuntamiento, dado que su finalidad es “paliar las dificultades de acceso a la vivienda que tienen los jóvenes”.
Conformidad municipal
Gastón no buscaba el visto bueno municipal, sino que se notificara la conformidad o disconformidad de la reconversión de los pabellones en alojamientos de alquiler para jóvenes –como se refiere a los pisos en todo momento la DGA– con el planeamiento urbanístico vigente en Zaragoza.
Ni el informe redactado por el servicio jurídico de Ordenación y Gestión Urbanística del Ayuntamiento ni las alegaciones del coordinador de Urbanismo, Miguel Ángel Abadía, apuntan que sea necesario la modificación del Plan General “por ser la residencia comunitaria un uso compatible o complementario”.
Lo que sí cuestionan es el interés general y la propia imposición del proyecto al acogerse la DGA al artículo 240 de la Ley Urbanística de Aragón para imponerse al Ayuntamiento. Así, consideran que es “muy difícil de justificar” que Zaragoza necesite una ampliación del suelo residencial “en un lugar objetivamente inadecuado”, puesto que el ya calificado no solo sería suficiente para su población actual y previsible a medio plazo, sino incluso demasiado abundante. Además, estiman que existen bolsas de suelo consolidado que requieren “imperiosamente la inversión pública y la rehabilitación o construcción de nuevas viviendas”.
Incluso, valoran que el proyecto no contempla una gran obra de ordenación territorial y descartan que haya razones de urgencia o excepcional interés público para aplicar el artículo 240.
Por si hubiera alguna duda, la Comisión Provincial de Urbanismo recoge que el Ayuntamiento manifiesta en su informe que el uso de equipamientos, así como el de residencia comunitaria, “se encuentran entre los autorizados en la zona que constituye el emplazamiento del proyecto”. Y añaden los servicios municipales que si se tratase de viviendas “su implantación requeriría una modificación del PGOU por tratarse de un uso incompatible con lo regulado por las normas urbanísticas”.
Por ello, el órgano provincial concluye que la ejecución de los 504 pisos la podría autorizar el titular del departamento promotor –es decir, Marta Gastón– “sin necesidad de acuerdo adoptado por el Gobierno de Aragón”. Y apostilla que el inicio de las obras no podrá hacerse efectivo en tanto no se presente el proyecto de ejecución que complemente el proyecto básico, con el que se impulsó toda la tramitación.
En todo caso, la DGA prevé licitar la semana que viene la primera de las dos fases en la que se dividirán las obras, que afecta a los pabellones 2 y 3 de la Expo, los colindantes con la Ciudad de la Justicia, así como el área de servicios que dará vida al gran espacio situado en el frente fluvial de Ranillas, que durante la Expo funcionó como cafetería. En total, 22.900 metros cuadrados.
El pliego de condiciones aún se tiene que acabar de redactar, pero su presupuesto supondrá más de la mitad de los 76,3 millones de euros a los que asciende el coste de toda la operación.
Fuente: Heraldo.es
