Legado Expo
Zaragoza, 21 de Julio de 2018
Cumplidos diez años de la inauguración de la Expo de Zaragoza, dedicada al agua como concepto de sostenibilidad ambiental, parece oportuno hacer alguna reflexión sobre el legado de dicho acontecimiento. Mi intención no es opinar sobre los aciertos o debilidades de la Exposición Internacional de Zaragoza (Expoagua), o las cifras que se manejan en su entorno, ni siquiera sobre los resultados en inversiones o infraestructuras realizadas. En un contexto donde el caso Enredadera o la operación de Puertollano siguen mostrando los efectos de la corrupción (especialmente en los contratos públicos) quiero centrar la atención en algo más intangible, vinculado a la gestión del Proyecto Expo, que nació y se desarrolló por el impulso de la ciudadanía de Zaragoza (bien representada en las figuras de los alcaldes Atarés y Belloch) y del Estado y Comunidad Autónoma de Aragón, y donde se alejaron las diferencias ideológicas para trabajar en un interés común. Un aspecto nada desdeñable en la actualidad, pues pone en valor la capacidad de acuerdo político en los grandes proyectos estratégicos.
Junto a ese consenso político conviene recordar el importante movimiento de voluntarios, convertidos en una de las principales señas de identidad de esta Exposición, que dice mucho del carácter solidario y del compromiso por lo público de muchos aragoneses. En tiempos donde las tensiones «hacia lo mío» son cada vez más evidentes, tanto en España como en Europa, el ejemplo de voluntariado es, sin duda, un referente que conviene recordar y destacar suficientemente.
Pero en lo que creo que se encuentra el principal legado Expo es en lo que no se ve, en la gestión interna de todo el Proyecto Expo (con tiempos escasos y gran complejidad), desde su planificación hasta su realización y cierre. La excelente dirección del proyecto por un reconocido ingeniero de proyección internacional, el aragonés Roque Gistau, fue, sin duda, uno de los grandes aciertos, pues resolvió desde la lógica de la profesionalidad los importantes retos del proyecto. Pero fue una gestión colectiva, tanto desde la perspectiva del protocolo y la seguridad (tan importantes en este tipo de acontecimientos) y del diseño de los fines u objetivos (con participación muy activa de la Universidad de Zaragoza) como, muy especialmente, de la corrección jurídica y financiera de un proyecto con importantes riesgos de favoritismos o tratos de favor.
El Tribunal de Cuentas del Estado tuteló in situ toda la gestión sin advertir sombra o sospecha alguna. En ello tuvo que ver, sin duda, la existencia de un equipo jurídico de primer nivel, independiente y cualificado, bien dirigido por el abogado del Estado Ignacio Salvo, y de un servicio de contratación pública bien profesionalizado, moderno y eficaz, ejemplo de que se puede conciliar eficacia, plazos e integridad, que lideró la funcionaria Ana Isabel Beltrán.
El principal legado Expo es, por ello, en mi opinión, algo que no se ve. El de la capacidad de liderar proyectos colectivos desde una estrategia conjunta y no de confrontación, el de que lo público es compatible con la ilusión de la ciudadanía, lo que permite una mayor y mejor identificación con la idea de la res publica. Y, lo que es fundamental, que desde la profesionalización de la gestión de lo público, con el reconocimiento a la mejor capacitación de los empleados públicos, es posible una gestión eficaz, transparente e íntegra de los recursos públicos.
Por ello, la experiencia de la gestión del proyecto de la Exposición Internacional de Zaragoza me hace pensar que el necesario ‘big bang’ anticorrupción que necesita nuestro país no es una quimera y que este ejemplo de gestión pública del proyecto, es el legado que debe servir de cimiento para iniciar y consolidar una gestión pública moderna, comprometida con la sostenibilidad social y ambiental -ejes del proyecto de Expo Zaragoza-, al servicio de los ciudadanos y del derecho a una buena administración. Por ello, diez años después, apelo a ‘este’ legado Expo, para poder avanzar en la necesaria regeneración democrática y en la recuperación de un clima de gestión política que supere la actual visión individual y muchas veces insolidaria que tanta desafección origina a la ciudadanía.
José María Gimeno Feliu es catedrático de Derecho administrativo.
Fuente: Heraldo
